Últimamente, y sobre todo con la precampaña electoral, se ha vuelto a hablar del “problema” del absentismo laboral y del perjuicio que es para las empresas, nuevamente, retorciendo el lenguaje de manera interesada.
No vamos a hablar de lo que significa absentismo, porque ya os lo contamos en nuestro artículo de julio del 2026. El problema es que ahora se promete que para “acabar” con esta “lacra” de personas que “dicen” que están enfermas, se quiere trasladar la decisión del alta a las mutuas de trabajo.
Esto, dicho así, sin más, puede sonar hasta bonito a algunas personas, porque, qué casualidad que todo el mundo conoce a alguien o tiene algún compañero o alguna compañera que “siempre” está de baja, no nos lo creemos y decimos que miente, así que nos parece una idea estupenda que se acabe con estos o estas “jetas”.
El problema es que la realidad es muy diferente, y se empeña en golpearnos cuando peor nos viene, y el día que nosotros estemos en esa situación y nos encontremos con que nos obligan a volver al trabajo sin habernos recuperado, nos quejaremos de injusticia y no entenderemos cómo pueden hacernos eso.
Para empezar, vamos a recordar lo que es una Mutua de Accidentes de Trabajo. Son asociaciones privadas de empresarios, sin ánimo de lucro, que colaboran con el Estado en la gestión de diversas prestaciones de la Seguridad Social. La realidad, como siempre, es bien distinta. ¿Alguien se imagina a UMIVALE, ASEPEYO, MAPFRE y un largo etc. trabajando por amor al arte? Pues eso, el negocio es que se pone en manos de entidades privadas una ingente cantidad de dinero público, con el que estas empresas pueden contar y realizar inversiones millonarias mientras lo “gestionan”. Algo así como lo que se está planteando al hablar de privatizar las pensiones, que lo único que haría sería enviar dinero público de todos y todas a empresas privadas, para que jueguen con él mientras nos racanean su pago, y que puede acabar muy mal. Y, si no, podéis investigar el caso de la quiebra de General Motors en 2009, que gestionaba las pensiones de 36.000 personas, las cuales se quedaron sin sus aportaciones y sin cobrar las pensiones de jubilación.
Por lo tanto, como siempre que hay capital privado y se intenta hacer negocio con la salud de las personas trabajadoras, alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder, y el gran capital casi nunca es el que pierde.
Si ahora, sin el poder real de dar el alta, ya nos acosan con llamadas, con revisiones y, en muchas ocasiones, proponiendo altas simplemente porque ha pasado “x” tiempo y se considera que la persona ya se debería haber recuperado, si se les llegara a dar el poder de decidir las altas, lo que supondría menos pagos a personas enfermas y más dinero en sus arcas para poder “invertir” con él, es decir, mas beneficios, el criterio ya no sería médico, sino monetario, lo que no es una buena noticia. Cuando tu salud se convierte en un negocio, preocúpate seriamente.
¿Qué consecuencias tendría esto para las personas trabajadoras?
- Altas médicas prematuras: riesgo real de que las personas enfermas sean obligadas a reincorporarse a sus puestos de trabajo antes de una recuperación médica completa, debido a criterios más enfocados en reducir los tiempos de baja para obtener beneficios, que en la salud del paciente, eliminando cualquier capacidad de decisión de tu médico o médica de cabecera o especialista, que es quien realmente sigue la evolución de la enfermedad.
- Conflicto de intereses: las mutuas son entidades privadas financiadas por las empresas y el Estado para gestionar la contingencia, lo que genera dudas sobre su imparcialidad al evaluar patologías (especialmente en procesos complejos, salud mental, traumatología o listas de espera para pruebas diagnósticas).
- Mayor carga de recursos y litigiosidad: las personas trabajadoras que no estén conformes con el alta impuesta por la mutua se verán obligadas a iniciar rápidamente procesos de impugnación administrativa y/o judicial, o a acudir al médico o médica de cabecera para solicitar una nueva baja si persisten las dolencias.
- Obligación de acudir a revisiones bajo sanción: ya en la situación actual, la incomparecencia injustificada a una cita de la mutua puede conllevar la suspensión cautelar de la prestación económica (el subsidio por incapacidad temporal). Con mayor poder, este control y la presión sobre las personas enfermas podrían intensificarse, generando más ansiedad en dichas personas y más dificultades en la recuperación.
¿Qué consecuencias tiene para el sistema sanitario y para la Seguridad Social?
- Sobrecarga de reclamaciones: los servicios médicos públicos y los juzgados de lo social podrían experimentar un aumento en las reclamaciones, recursos y revisiones derivadas de altas emitidas por las mutuas que sean cuestionadas por los facultativos públicos.
- Descentralización del control médico: se desplazaría peso decisorio del sistema público de salud (medicina de cabecera e inspección médica pública) hacia entidades privadas.
¿Cómo se benefician las empresas de esto?
- Reducción del absentismo laboral: el objetivo principal que defienden quienes promueven esta medida es acortar los días de baja y disminuir el coste económico que las enfermedades genera al tejido empresarial.
- Reincorporación más rápida: las empresas dispondrían de sus plantillas antes, aunque con un alto riesgo de que el trabajador o la trabajadora recaiga si la reincorporación es forzada, o un riesgo para el resto de la plantilla si la enfermedad es de tipo contagioso.
No caigamos en falsos mitos y cuentos, no seamos más papistas que el Papa, por mucho que nos parezca que alguien “tiene mucho morro o mucho cuento”, que obviamente puede haber un pequeño nivel de fraude, las personas enfermas no son las culpables de su estado, ni se están aprovechando del sistema, sino que están utilizando los pocos beneficios que nos quedan. Y, si dejamos que nos quiten lo publico y se privatice completamente, lo vamos a pasar muy mal.
No lo olvides, cuando tu salud es el negocio, échate a temblar, porque solo vales mientras les des beneficios, después eres un estorbo.
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