Desde el inicio de la pandemia de la Covid-19, el gobierno de PSOE-UP impulsó el mecanismo de los ERTE por fuerza mayor como principal medida de ajuste en las empresas. Con la nueva reforma laboral, aprobada el pasado 3 de febrero, se establece este mecanismo como principal medida, no sólo cuando concurran causas ETOP o de fuerza mayor, sino ahora también ante situaciones de crisis o reconversión sectorial. Aunque es cierto que han evitado la destrucción masiva de empleo a corto plazo, la realidad es que no la han frenado, la precariedad laboral se ha profundizado y los índices de pobreza y exclusión social se han disparado.
En este contexto, los ERTE han desbordado la capacidad de los servicios públicos. Han desbordado la autoridad laboral, dando carta blanca a las empresas al impedir autorizar o desautorizar los ERTE en plazo, así como dejando completamente desprotegidas a las personas trabajadoras afectadas a la hora de poder defender sus derechos. Han desbordado los servicios públicos de empleo, asumiendo el aluvión de trabajadoras y trabajadores afectados que han sufrido retrasos o el pago duplicado en el cobro de sus prestaciones, la imposibilidad de acceder al SEPE o a la Seguridad Social, la comunicación errónea de datos por las empresas, la precariedad laboral crónica, etc. Finalmente, han desbordado los servicios públicos de formación dando rienda suelta a la cantidad de oferta formativa presupuestada, no ejecutada y privatizada, ampliando los plazos y facilitando la participación de quienes estaban afectados por ERTE, pero sin la posibilidad de realizar un seguimiento y control de la calidad adecuados.
Toda esta situación ha evidenciando la absoluta falta de personal y de eficiencia en la utilización de los recursos públicos, en general, y en la Comunidad de Madrid en particular. Las mermadas plantillas, tras años de recortes y privatizaciones, hemos hecho frente a esta situación en condiciones de absoluta precariedad y soportando cargas de trabajo desproporcionadas. Hemos demostrado, una vez más, nuestro compromiso con la calidad del servicio que prestamos, poniendo nuestra capacidad a disposición de nuestras usuarias y usuarios y remando para asegurar la prestación de unos servicios públicos tan esenciales para la clase trabajadora. Somos garantes de los derechos laborales, impulsores de la integración sociolaboral, promotores del desarrollo profesional y dinamizadores de la economía en un mercado de trabajo completamente precarizado.
Mientras tanto, la atención al público ampliada multicanal, la jornada de 37 horas y media, el mal funcionamiento de los servicios telemáticos, la desorganización del distrito único, la falta de teletrabajo en algunos centros y la falta de personal generan una sobrecarga de trabajo que dificulta la conciliación, la promoción profesional y el bienestar laboral. Por otro lado, se han convocado procesos de estabilización sin garantías para quienes llevamos años demostrando nuestro mérito y capacidad, los procesos de acceso libre se alargan durante años y las OPE aprobadas quedan a años luz de las necesidades de personal. Están dejando en la estacada a quienes estamos fijos, a quienes estamos temporales y a quienes queremos acceder a un puesto de trabajo en el sector público.
Desde co.bas defendemos un sindicalismo de clase, combativo, democrático y asambleario. Luchamos por los derechos de funcionari@s y laborales, fij@s y temporales, trabajador@s y opositores. Nos quieren enfrentad@s y dividid@s, pero somos conscientes de que tenemos los mismos intereses. La unidad para luchar por todas y cada una de nuestras reivindicaciones es la única forma de conquistar nuestros derechos, defender nuestros puestos de trabajo y construir un movimiento fuerte en defensa de unos servicios públicos de calidad.