La Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (Ley de dependencia) aterrizó con la esperanza de convertirse en el cuarto pilar del Bienestar Social: un sistema que consolidará derechos a las personas dependientes, garantizándoles el acceso a servicios y prestaciones.
15 años después, no se ha avanzado, seguimos atascados, ¿garantizan las administraciones una respuesta eficaz y eficiente a las necesidades de los dependientes? Por desgracia la respuesta es NO, el acceso a los servicios y prestaciones derivados del reconocimiento de dependencia se perpetúan en el tiempo, con unas listas de espera eternas que deterioran al propio beneficiario y a su entorno cuidador que se ven “abandonados por la administración” ante la problemática que supone atender a las necesidades de un dependiente, poder compatibilizarlas con trabajo, cuidados de menores, problemas de salud, cuidadores de avanzada edad …
La realidad es que, en vez de generar y dotar una red pública de recursos de atención a la dependencia, la Comunidad de Madrid, ha encontrado en esta ley un caldo de cultivo perfecto que favorece a la proliferación empresas privadas que siguen creciendo en detrimento de lo público, que se está convirtiendo en una especie a extinguir.
La carencia de plazas y servicios públicos (residencias, servicio de ayuda a domicilio, centros de día …), genera una desigualdad entre los dependientes, favorece al recurso privado (apoyado por una prestación económica que cubre parte del servicio) cuyo acceso es prácticamente inmediato, sorteando las listas de espera públicas, en perjuicio de los que no pueden optar por esta vía dado el elevado coste económico del servicio privado (la gran mayoría) y han de ver cómo pasan los meses e incluso años para poder beneficiarse de un derecho adquirido. Esto no puede ser un pilar del bienestar social sino un nuevo hachazo al mismo.
En la Comunidad de Madrid, la Ley de Dependencia, ha precarizado el mercado laboral en el sector privado, con las macro empresas de ayuda a domicilio, residencias, centros de días, ofrecen a sus trabajadores y trabajadoras unas condiciones laborales precarias e inestabilidad laboral con salarios y contratos basura.
El panorama en el sector público, es desolador, miles de trabajadores y trabajadoras, en abuso de la temporalidad, que llevan años al frente de servicios públicos especializados (5,10, 15, 20) contratadas legalmente ven en peligro su trabajo, por la mala gestión intencionada de la Comunidad de Madrid, al tener que afrontar los “falsos” procesos de estabilización, que va a suponer un ERE encubierto; la gran mayoría mujeres con una edad media de 45 – 55 años, con formación y experiencia, se han de enfrentar a unas oposiciones que lejos de consolidar, les deja en una situación de riesgo de exclusión socio laboral, si no lo superan, cuando ya han demostrado sobradamente su capacidad para el desempeño de sus funciones.
Otro barco público que se hunde, genera precariedad e inestabilidad laboral y perjudica a los que realmente se tiene que beneficiar: los dependientes.POR UN SERVICIO DE DEPENDENCIA PÚBLICO Y DE CALIDAD